La Agrupación Nacional de Empleados Fiscales ANEF, manifiesta su rechazo al proyecto de reforma previsional que se encuentra en el Senado, porque no cumple con las promesas del programa de la Presidenta Bachelet de generar un sistema de pensiones y protección social que repare los graves daños previsionales ocasionados a trabajadores y trabajadoras en particular al Sector Público, con la imposición de las AFPs, y que incorpore sin discriminaciones a grandes sectores de la población que no tienen acceso a una vejez digna.
Este proyecto de ley, relega una vez más, las demandas de la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas expresadas por innumerables organizaciones en los acotados espacios de participación instaurados para este debate, privilegiando y dejando intactos los intereses de los grandes grupos económicos representados por las AFPs, evidenciado esto en el acuerdo nefasto entre la Concertación y la derecha.
Reconocemos como un avance que el Estado se haga cargo de aquellos hombres y mujeres más pobres marginados del sistema previsional, y universalice las pensiones asistenciales, pero es absolutamente insuficiente, ya que aquellos que percibirán pensiones sobre la Pensión Básica Solidaria (PBS), que son la mayoría de los trabajadores y trabajadoras, no recibirán ningún mejoría sustancial de la reforma en discusión.
Constatamos con decepción, que se reafirma el rol de subsidiariedad del Estado, por cuanto los aportes destinados a la PBS y al aporte previsional complementario, se basan en recursos aportados por el erario nacional, que no provienen del propio sistema de pensiones, el que por el contrario, seguirá empujando a grandes sectores de trabajadores y trabajadores a la marginalidad y la exclusión social.
Esta concepción neoliberal, se ve reforzada con la instauración de nuevas franquicias tributarias que permitirán a las empresas descontar de impuestos los aportes que pudieran realizar a los fondos previsionales, transformándolos finalmente en carga fiscal indirecta. Se flexibiliza aún más el sistema de inversiones de los fondos previsionales, reduciendo el nivel de control de las agencias gubernamentales y aumentando el límite de inversiones en el extranjero a la escandalosa cifra de 80%.
Al imponer los 65 años como edad obligatoria para acceder a los beneficios de las pensiones solidarias, se esta forzando al menos al 63% más pobre de las mujeres a jubilarse a esa edad, con lo cual se conculca un derecho adquirido y se produce una profunda discriminación en el acceso igualitario para hombres y mujeres a beneficios estatales, contraviniendo convenios internacionales que obligan a Chile como la CEDAW, OIT, y la propia Constitución y legislación nacional vigente.
Se quebranta así, veladamente el compromiso explicito de la Presidenta de no aumentar la edad de jubilación de las mujeres.
La situación de los jóvenes en el mercado laboral se precariza aún más porque los mecanismos propuestos fomentan el despido antes de los dos años, limitan sus posibilidades salariales no más allá de 1,5 sueldos mínimos, amplia el rango etáreo de la precarización del empleo de los jóvenes hasta los 35 años. El Estado no solo asume el costo previsional sino que premia, subsidia y promueve el uso de mano de obra al más bajo costo, dando a los empresarios una franquicia impresentable por cotizaciones previsionales, legalizando su irresponsabilidad frente al trabajador o trabajadora.
Finalmente, constatamos que este proyecto de ley no asegura una tasa de reemplazo mínima del 70%, promesa de las propias AFPS durante la dictadura; no instaura la obligación del empleador de cotizar solidariamente, manteniendo a nuestro país en el primer lugar de empresarios que eluden su responsabilidad social; no incorpora a los trabajadores y trabajadoras en la toma de decisiones respecto del uso e inversión de los recursos que les pertenecen, restringiendo su participación, sólo a los ámbitos de información.
Además en el Proyecto no se estipula el debido resguardo de los derechos de los trabajadores/as del INP, no se garantiza la continuidad laboral en la nueva institucionalidad, ni se establecen mecanismos que les permitan participar en el rediseño y gestión de las nacientes instituciones que establece la Reforma.
En consecuencia, no habiéndose recogido en este proyecto la demanda ciudadana de trabajadores y trabajadoras por un sistema de reparto redistributivo y solidario, elementos básicos para garantizar a todos y todas el acceso en igualdad al derecho humano y constitucional de Seguridad Social, la ANEF rechaza la iniciativa y llama a los parlamentarios a no aprobarlo, hasta que no se recojan estas legitimas demandas, y se introduzcan cambios de fondo al actual sistema previsional, que respete la libertad de afiliación, que en definitiva recoja las propuestas que las diferentes organizaciones presentaron a la comisión Marcel.
Para la ANEF la deuda previsional sigue pendiente y continuará movilizada por un sistema solidario y que sintonice con el TRABAJO DECENTE, que Chile ha prometido y comprometido ante la OIT y el mundo. Convocamos a los y las funcionarios/as públicos/as y al conjunto de trabajadores/as a no descansar hasta que se alcance una vejez protegida, segura y digna para todas y todos los chilenos.
DIRECTORIO NACIONAL A.N.E.F.
Santiago, Enero 08 de 2007.-
